¿Cuándo tendremos seguridad en Panamá?

Daniel Delgado-Diamante
Abogado
ddelgado47@hotmail.com

El Gobierno Nacional le prometió al país “calles seguras”. Eso, definitivamente, no está siendo proporcionado, a pesar de los múltiples millones de balboas que han sido gastados, supuestamente para garantizar al máximo la seguridad ciudadana. Que los panameños tengamos seguridad significa tener el mínimo de preocupaciones o problemas generados por la criminalidad. Implica estar a salvo de daños que puedan ser causados por pandilleros o delincuentes; poseer control sobre muchos de los riesgos, amenazas o vulnerabilidades de la sociedad, y contar con las instituciones profesionales establecidas y preparadas para prevenirlos, enfrentarlos y contenerlos. Eso, no sucede en la actualidad en nuestro país.

Uno de los factores de mayor incidencia son las pandillas, combinadas con narcotraficantes y miembros del crimen organizado. La mayoría de los pandilleros, son jóvenes que han desertado del sistema escolar, que vienen de hogares disfuncionales, y que no han tenido oportunidades de acceso a programas sociales de rehabilitación para grupos en riesgo social.

Se les atribuye la responsabilidad del ochenta por ciento de los homicidios violentos de factura indiscutible del crimen organizado, que a diario se cometen en el territorio nacional. Esto afecta directamente a la industria, el comercio, el transporte, el turismo y casi cualquier actividad económica productiva existente. Han llegado a un extremo jamás visto antes aquí, lo cual debe ser enfrentado decisivamente de una manera integral.

Posiblemente el efecto más trascendente de la violencia y la inseguridad en Panamá sea el deterioro de la relación entre la ciudadanía y sus autoridades. Por un lado, su solución es exigida como una obligación esencial del Gobierno y por el otro, cuando ello no se cumple, los ciudadanos tienden a perder la credibilidad en las instituciones públicas; a perder la fe y el interés en la democracia, y a desconfiar de sus organismos de seguridad. Es importante conocer el ciclo de la violencia, su origen, causas y formas de prevención. No obstante, nadie realmente cree en las estadísticas proporcionadas por los funcionarios, que minimizan el impacto negativo de la criminalidad.

La seguridad que deseamos en Panamá responde al objetivo de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas indispensables para la realización y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad panameña. Coloca a los ciudadanos y a las comunidades del país, como los sujetos y objetos de la seguridad democrática proporcionada por el Gobierno.

A esto llamamos Seguridad Humana, según el PNUD. Este concepto se basa en la noción de que su prioridad es la gente. Los criterios se encuentran vinculados estrechamente a la percepción de la seguridad y a la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo. Supone dos tipos de libertad: una población libre de temor y libre de carencias.

Ello incorpora tres elementos fundamentales: el primero es que la seguridad ciudadana está íntimamente relacionada con el ejercicio de los derechos humanos. El segundo, que la gobernabilidad democrática depende de la capacidad del país para enfrentar y superar adecuadamente el fenómeno de la violencia y las formas de la criminalidad. El tercero, consiste en el reconocimiento que, por ser multicausal, sólo puede enfrentarse con un enfoque pluri institucional e interdisciplinario.

Es cierto que la seguridad de la nación tiene un ámbito externo, que presupone resguardar el territorio de amenazas, combatiendo delitos tales como el terrorismo y el crimen organizado transnacional; el tráfico de drogas, armas y vehículos; la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, los ataques cibernéticos y el tráfico masivo de inmigrantes ilegales. No obstante, ello no puede ser realizado a expensas de la seguridad de la gente de a pie, que sufre los embates diarios de la violencia en nuestras calles y ciudades.

De lo que se trata ahora es de mejorar la seguridad de todos los que habitan en el país, mediante la interacción entre los ciudadanos, autoridades locales, sociedad civil organizada y los estamentos de seguridad del Estado.

Es preocupante ver en diversas situaciones el desempeño de los agentes policiales, que muchas veces no actúan de manera consistente con los hechos que se dan a diario en el país. En incontables circunstancias sus acciones exceden su rol constitucional y legal, como el caso de la violenta represión ejercida en las zonas indígenas contra sus habitantes, distinto a la forma permisiva y complaciente en el reciente caso de trabajadores que sitiaron las instalaciones de un periódico local.

La Seguridad Ciudadana está vinculada a la protección de la convivencia en una sociedad democrática, donde se elimine la violencia en las relaciones sociales, particularmente aquella ejercida por la propia acción gubernamental, mediante sus instituciones de carácter represivo.

Un aspecto fundamental de los últimos tiempos es que, por fin, la sociedad panameña ha comprendido que la seguridad ciudadana sale del exclusivo ámbito policial y debe ser abordado con políticas de carácter integral y multisectorial. La lucha contra la inseguridad comienza por la familia, por el restablecimiento de valores, de mejores oportunidades de educación y trabajo. No se trata de invertir millones de dólares en la represión y castigo como única solución.

Por suerte, el previo reclamo exclusivo de represión y “mano dura” está cediendo paso a propuestas de políticas integrales. Si bien la represión forma parte de una gestión de seguridad, no puede ser la única y exclusiva herramienta para lograrla. Hasta ahora, lamentablemente, es todo lo que el Gobierno Nacional ha estado ofreciendo para intentar mejorarla.