Exdiputada de la República.
mireyalasso@yahoo.comLo ocurrido la semana pasada a las puertas de un medio de comunicación social fue un acto tan bochornoso para nuestro país como la vergüenza internacional provocada por una alta funcionaria costarricense. Ambos rebasaron las fronteras nacionales para asombro del mundo entero, no precisamente por tratarse de hechos encomiables.
Las autoridades costarricenses reaccionaron rápidamente destituyendo a la funcionaria cuando se divulgó el video “culpable”, pero ya era un hecho cumplido; poco se podía hacer para evitar la burla, para contener el daño y para salvar la imagen gubernamental, especialmente por tratarse de una funcionaria encargada de implementar la política estatal de desarrollo integral de la juventud de ese país.
Puede que allá no quepan medidas legales apropiadas para reparar el daño, pero acá no debería suceder igual, porque tenemos un Ministerio Público que persigue el delito. Lastimosamente muchos percibimos una gran diferencia entre el ser y el deber ser, siendo posible que no pase nada y que quienes se tomaron la justicia por sus propias manos terminen abusando impunemente del derecho de los demás. Por el solo hecho de “sentirse” agraviados, pisotearon la ley sin importar a quienes afectaban y dieron un malísimo ejemplo con el caos creado. Fue un espectáculo egoísta que echó de lado las más elementales normas de convivencia pacífica, sin reflexionar sobre sus peligrosas consecuencias.
A nuestro modo de ver, el impedir por la fuerza la libre circulación de entrada y salida de un edificio privado es de por sí un delito, sin tomar en cuenta lo que haya dentro o quien quiera entrar y salir. Peor aún si hay muchas personas dentro del edificio, en cuyo caso no comprendería en principio la diferencia con los secuestros, que son penalizados. Se trata de una intolerable privación de libertad, no importa la interpretación contraria que algún tinterillo, de los que nunca faltan, quiera darle para desvirtuar lo que el sentido común nos dice.
Para complicar la responsabilidad de quienes impidieron las entradas y salidas, se trataba específicamente de impedir la distribución de un diario impreso de circulación nacional, so pretexto de haber incurrido en difamación. Los tres millones de panameños, yo incluida, tenemos derecho a comprar ese periódico —y cualquier otro— cuando nos venga en ganas; a leer sus noticias nacionales o internacionales; a estar de acuerdo o discrepar de sus juicios; a rechazar o aceptar sus opiniones o líneas políticas; y a dejar de comprarlo cuando nos parezca o a seguir comprándolo tantas veces y días que querramos. Son derechos que nos garantiza la Constitución de Panamá, que nos reconocen sendas declaraciones de la ONU y de la OEA sobre derechos humanos, y que nos asegura la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que ya ha echado por tierra supuestas “ofensas en la modalidad de difamación”, por parte de periodistas y medios de comunicación en ese país.
¿Qué derecho les asiste a los autores intelectuales y materiales del desatino ejecutado? Los vehículos de la empresa utilizados como barreras fueron conducidos por sus trabajadores pero su reclamo no estaba relacionado con ninguna prestación laboral. Ellos intervenían de oficio en una disputa de la empresa con un periódico; no eran jueces ni partes.
Basta plantear los hechos que vimos para que el sentido común evidencie una sospechosa participación de los patronos como autores intelectuales del disparate. Uno se pregunta: ¿Qué prepotencia o arrogancia demuestra la actitud de esta gente, que se cree tener el poder de tomar la justicia por sus propias manos con impunidad?
¿Por qué consideran que pueden hacerlo? Y por eso mismo: ¿Aquí no pasará nada?
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